Anteriormente, el incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales era considerado una falta administrativa o laboral. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Delitos Económicos, ciertas conductas relacionadas con la omisión en el pago ahora se consideran delitos penales. Concretamente, la ley establece sanciones para aquellos empleadores que retengan del sueldo del trabajador las cotizaciones previsionales y no las paguen al fondo correspondiente, o que declaren remuneraciones inferiores a las reales con la intención de reducir el monto de dichas cotizaciones, siempre que estas acciones ocurran sin el consentimiento válido del trabajador.
De este modo, situaciones como descontar dinero destinado a la jubilación o salud de un empleado y no ingresarlo al organismo previsional correspondiente, o realizar pagos del salario informalmente (“por fuera”) para evadir obligaciones previsionales, ahora son consideradas conductas delictivas. Incluso si aparentemente existe consentimiento del trabajador para estas prácticas, dicho consentimiento pierde validez si fue obtenido aprovechando su necesidad económica, inexperiencia o falta de discernimiento.
Según expertos laborales, la simple omisión en el pago de cotizaciones previsionales, sin consentimiento legítimo del trabajador, constituye un delito bajo la nueva normativa. Asimismo, registrar en el contrato una remuneración menor al monto real también se tipifica como delito penal.
La Ley de Delitos Económicos endurece considerablemente las sanciones contra los empleadores que incumplan con estas obligaciones. Ahora, quienes no paguen las cotizaciones arriesgan penas de cárcel y multas elevadas. Las penas privativas de libertad pueden ir desde los 61 días hasta los 3 años y 1 día de presidio, dependiendo de la gravedad del caso. Además, la ley establece multas económicas significativas: cuando el monto adeudado sea inferior a 40 UTM, la multa variará entre 5 y 15 UTM; si el monto supera esta cifra, las multas podrían alcanzar entre 300 y 500 UTM. Para tener una idea más clara, considerando que una UTM tiene un valor aproximado actual de $63.000, las multas más altas podrían superar los 30 millones de pesos.
Estas sanciones representan un aumento considerable en comparación con la normativa previa, que establecía principalmente sanciones administrativas, demandas laborales, o arrestos menores solo en casos muy específicos. Además, la ley contempla otras consecuencias graves, como la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos o gerenciales y la prohibición de contratar con organismos del Estado. Por lo tanto, un empleador condenado por estos delitos podría ver severamente limitada su capacidad de realizar negocios o administrar empresas en el futuro.
Multas y penas más severas para empleadores infractores
Mayor fiscalización y responsabilidad empresarial
La incorporación del no pago de cotizaciones al catálogo de delitos económicos también implica un fortalecimiento de la fiscalización. Si anteriormente estos incumplimientos eran supervisados principalmente por la Inspección del Trabajo, ahora también participará el Ministerio Público, encargado de investigar penalmente a los empleadores infractores.
Con la entrada en escena de la justicia penal, las autoridades podrán perseguir a los infractores con mayor rigor. Además, dado que se trata de delitos económicos, es posible imputar directamente a la empresa como persona jurídica, así como también a las personas naturales responsables dentro de la organización, tales como gerentes, encargados de recursos humanos o responsables de remuneraciones. Estos empleados podrían enfrentar investigaciones penales a título personal, no solo como representantes de la empresa.
Asimismo, la empresa misma podría ser formalmente acusada si se demuestra que se benefició del delito y no contaba con un modelo adecuado para prevenir estas conductas delictivas. Ante esta nueva realidad, se recomienda que las empresas refuercen sus controles internos para asegurar el pago oportuno y correcto de las cotizaciones previsionales. Numerosas compañías están ya adoptando modelos internos de prevención de delitos para eximir o atenuar su eventual responsabilidad penal.
Conclusión: La importancia de cumplir con las cotizaciones previsionales
La entrada en vigor de esta ley envía un mensaje contundente a los empleadores: cumplir con las obligaciones previsionales ya no es opcional, y el incumplimiento acarrea consecuencias muy graves. El pago puntual de cotizaciones es indispensable para evitar multas millonarias, juicios penales y penas privativas de libertad.
Pero más allá de las consecuencias legales, el cumplimiento en el pago de las cotizaciones previsionales protege los derechos fundamentales de los trabajadores. Cuando no se realizan estos pagos, los trabajadores sufren perjuicios directos: se crean lagunas previsionales que afectan sus futuras pensiones, pierden cobertura de salud y se ven imposibilitados de acceder a créditos y prestaciones sociales, vulnerándose así gravemente su seguridad social.
En definitiva, la nueva Ley de Delitos Económicos busca asegurar la integridad del sistema previsional chileno, enfatizando la importancia del cumplimiento de estas obligaciones a través de penas más severas y un control más riguroso, fortaleciendo así la protección de los derechos laborales y previsionales de todos los trabajadores del país.
